jueves, 3 de junio de 2010

El poder del voto: por la paz y el bienestar social

En plena precampaña de las elecciones autonómicas y locales nos encontramos frente a una guerra en la que el gobierno del Partido Popular ha implicado a nuestro país y que nada tenemos que hacer en ella y sí todo lo que podamos para pararla y a favor de la paz. “No en nuestro nombre” es el grito de afirmación democrática, de soberanía y de desmarque del Gobierno que la ciudadanía española manifiesta en las calles y plazas de los pueblos y ciudades de España.
Esta guerra, ilegal e inmoral, podría haberse evitado si quienes han sido elegidos por la ciudadanía para gobernar sus países respetaran el orden internacional, gobernaran para sus ciudadanos y en su nombre, buscaran la paz y buena vecindad entre los pueblos y la razón, la ética y los principios fueran el motor de su acción de gobierno.
Ello pone de manifiesto el poder de los gobernantes ya que sin ellos no se habría llegado a esta guerra. Así se evidencia el poder de la política ya que es en nombre de ese poder con el que se declara la guerra, aunque sean otros los intereses; es obvio que el poder político se ostenta por el voto de la ciudadanía, aunque no se ha sido elegido para abusar de ese poder.
La derecha española ha mostrado su histórica faz, su ambición, su deslumbre frente al poder del más fuerte y su servilismo. Nada de ello se corresponde con la idiosincrasia y el itinerario que la ciudadanía española inició con la Constitución del 78, con su ingreso en la Comunidad Europea y, con el desarrollo de su cooperación en Latinoamérica a través de las Cumbres Iberoamericanas y con nuestros vecinos árabes a través de las Cumbres del Mediterráneo.
La construcción de nuestro proyecto en común con Europa, Iberoamérica y los países mediterráneos, reforzando nuestros lazos de amistad y cooperación se ha puesto de pronto en crisis por el “plato de lentejas” de la foto de Aznar con los “más grandes del mundo” siguiendo el modelo servil que tanto nos humilla como ciudadanos/as de un país al que tanto le han costado las libertades y la democracia.
Por ello esta guerra pone en valor la importancia de la democracia, de las ideologías, la importancia de elegir a nuestros gobernantes, que no son sino nuestros representantes; de participar en las elecciones y de exigir que se gobierne con la ciudadanía y nunca en contra de sus opiniones o sus intereses.
Esta guerra deja atrás el “pasotismo”, el “no importa quién gobierne, todos son iguales”, el “nada se puede hacer”, eslóganes que han impregnado el discurso del fatalismo en tiempos de crisis ideológica.
La ciudadanía se ha levantado para parar la guerra y denunciar que Aznar, Gallardón y el PP han traicionado la confianza que les dieron sus votantes. El poder en democracia está en los votos y eso hoy lo sabemos todos/as, porque es la mayoría absoluta del Partido en el Gobierno la que está impidiendo que se aprueben las propuestas que están haciendo todos los grupos de la oposición para haber evitado esta guerra. Es la mayoría absoluta del Partido Popular la que está frenando las propuestas de la mayoría social representada en todos los grupos parlamentarios de la oposición, por ejemplo contra el uso de nuestro espacio aéreo, contra la participación de unidades del ejercito en apoyo logístico.... Este es el quid de la cuestión .
Esta mayoría absoluta que ha sido utilizada en contra nuestra para apoyar el belicismo, es también utilizada en contra nuestra para abortar en el Congreso de los Diputados la Ley Integral contra la violencia que se ejerce contra las mujeres; para favorecer la especulación urbanística que encarece las viviendas, para abandonar los Servicios Públicos que luego se ponen en venta al servicio del negocio privado...
L@s madrileñ@s que soportamos desde 1989 el Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Madrid, y desde el 1995-96 los Gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid y en el Estado, estamos triplemente afectad@s por esta forma de gobernar que tantos años llevamos sufriendo en el día a día.
De forma especial voy a referirme a la importancia de la política en algo tan sensible para la vida cotidiana como es el Bienestar Social y en concreto el Sistema Público de Servicios Sociales que necesitamos potenciar para dar cobertura a las necesidades sociales que se producen en el seno de nuestra convivencia personal, familiar y social.
Han pasado los años de gobierno del Partido Popular en las tres Administraciones y el gasto social público se ha ido alejando cada vez más del PIB, destacándose la falta de inversión en la potenciación del sistema público de servicios sociales, tanto de la red pública de profesionales, como de la red de equipamientos del sistema. España tiene un diferencial en relación con la media de la Comunidad Europea de 7 puntos del PIB y lo que más llama la atención en la estructura del gasto son las prestaciones sociales de apoyo a las familias, donde España invierte un 2,1 del PIB, siendo la media europea de un 8,5. No es de extrañar, en este caso, que España sea el país de más baja natalidad con 1,20 hijos por mujer.
Las señales de alarma social se han disparado, y hoy la opinión pública siente con grave preocupación fenómenos sociales que son inasumibles: Tenemos ante nosotros el drama humano de las personas mayores que mueren solas en sus domicilios sin asistencia de sus familias y sin que se haya podido alcanzar una intervención preventiva y continuada de los Servicios Sociales. La carencia de una potente red de Trabajadores Sociales de Zona obliga a estos profesionales a llevar a cabo una atención de emergencia social a demanda de los usuarios en los propios despachos con largas listas de espera. Igualmente es dramática la carencia de servicios para la atención de las mujeres víctimas de malos tratos, ya que no se trata simplemente de servicios de información, ni de estimular las denuncias, si no se ofrecen también alternativas de acogimiento y tratamiento integral y garantías de protección social, jurídica y/o policial, en su caso. Sin esta protección se pone en mayor riesgo a la víctima. La consecuencia de estos déficits pone de manifiesto graves problemas humanos y sociales que socavan los principios, derechos y libertades, en los que se fundamenta nuestra convivencia.
Estos y otros muchos problemas sociales pueden estar perfectamente abordados desde el compromiso que asumimos por hacer efectiva la universalidad de derechos en Servicios Sociales. Es evidente que Madrid necesita un cambio que apueste por un fuerte incremento del gasto social para potenciar el sistema público de Servicios Sociales, que dé respuesta a las situaciones de necesidad en el ámbito de la convivencia.
Frente esta realidad, se hace necesario denunciar las medidas en política de Servicios Sociales desarrolladas por el gobierno del Sr. Gallardón en la Comunidad de Madrid. Por una parte, impulsa la conversión en negocio privado de las residencias de mayores, centros de día, centros de Alzheimer.., construidos con suelo municipal, cedido gratuitamente y con subvenciones de la obra social de Caja Madrid....Por otra parte, propugna una nueva ley de servicios sociales, que anula el reconocimiento del derecho universal a las prestaciones básicas de servicios sociales : Ayuda a Domicilio, Acogida y Alojamiento, Prevención e Inserción... derechos que, estando reconocidos en la vigente ley socialista de Servicios Sociales, no han alcanzado su desarrollo por falta de inversiones, tanto en la construcción de equipamientos, como en el desarrollo de las plantillas profesionales.
Las opciones que ofrece la derecha con Gallardón y Ana Botella en Madrid, se orientan en la perspectiva del cambio del modelo del Estado de Bienestar a la “Sociedad del Bienestar”, pretendiendo, por una parte, potenciar el modelo de “la sociedad mercantil” en la provisión de servicios básicos con financiación pública y, por otra, cargar sobre las espaldas de las “mujeres-familias” y del “voluntariado” todo lo que en materia de servicios sociales la derecha se niega a asumir como derecho y con la responsabilidad de las Administraciones Públicas, consolidando de esta forma la dualidad social.
Desarrollar la universalidad de derechos en materia de servicios sociales, como cuarto pilar del Estado del Bienestar, es una necesidad imperiosa que asumimos como compromiso con la ciudadanía madrileña, para el cambio de gobierno que ya se hace necesario.
La ciudadanía con su voto tiene mucho que decir y hacer para que nuestros pueblos y ciudades sean un espacio de convivencia compartida en valores de igualdad, seguridad, libertad y derechos sociales universales. Las elecciones de mayo nos darán esa oportunidad. Sólo el voto puede cambiar esto.
Nunca más, en nuestro nombre: esta forma de gobernar. Sí a la paz desde la independencia, la soberanía y el Bienestar Social, que nos han de garantizar la igualdad y la libertad para decidir nuestro futuro y nuestras alianzas en el seno de la Comunidad Internacional.

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